Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y todos ustedes.
Es un verdadero honor que agradezco, reconozco y aprecio mucho Magistrada Presidenta, Janine Otálora, la posibilidad de acompañarlos en este evento en el que el INE es testigo de una alianza que me parece es fundamental para el futuro de la profesionalización de los órganos electorales de este país.
Distinguida y distinguidos magistrados de la Sala Superior.
Señor Presidente de la AIEEF y del Instituto Electoral del Distrito Federal, todavía, falta todavía un cambio de nombre pendiente ahí.
Señor presidente de la Asociación Salas y Magistrados Electorales, señor director de la CCJ, como en el gremio afectuosamente lo conocemos.
Estimadas y estimados, magistrados y magistradas de las Salas Regionales de este Tribunal.
Magistradas, magistrados de las Salas y Tribunales Electorales del país.
Colegas consejeras y consejeros electorales.
Presidentas, presidentes, en fin, buen día a todos y muchas gracias por la oportunidad de poder, decía, estar aquí atestiguando a nombre de las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral la firma de este convenio de colaboración académica entre las instituciones electorales responsables de la conducción y la legalidad de los comicios en cada una de las 32 entidades federativas, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Estoy seguro que este convenio contribuirá a fortalecer el profesionalismo con el que los integrantes de los órganos electorales locales llevan a cabo cotidianamente sus tareas para que la recreación de la competencia electoral en cada estado de la República se apegue a los criterios constitucionales de equidad e imparcialidad.
Desde mi perspectiva, fortalecer el profesionalismo es lo que subyacen a prácticamente todas las actividades de tipo académico que se realizan en las aulas, en los institutos de investigación y en los centros de capacitación de las instituciones públicas.
En ese sentido, permítanme compartir con ustedes una reflexión sobre la importancia, una reflexión de primera mano sobre la importancia que el profesionalismo ha tenido en la transición de nuestra democracia y en la credibilidad de las elecciones.
La reforma política que dio origen al entonces Tribunal Federal Electoral y al Instituto Federal Electoral en 1990, el profesionalismo quedó plasmado como uno de los principios rectores de la función electoral con el claro propósito de que fuera una característica que distinguiera transversalmente a las autoridades electorales y a la organización de la competencia por el poder político.
Se trataba de que el profesionalismo, aunado a los otros principios plasmados en el 41 constitucional, configurara un tipo particular de autoridad que se apegara escrupulosamente a la ley, que conociera los alcances de sus decisiones y que fuera refractaria a las presiones de los poderes y de los competidores en las contiendas.
Con ello los legisladores pretendían eliminar la improvisación de los funcionarios, que en aquél tiempo, antes de entonces, eran como ustedes saben, designados arbitrariamente por las autoridades electorales dependientes, no sólo dependientes, es que formaban parte del Poder Ejecutivo, y evitar que la falta de profesionalismo con la que se organizaban las contiendas en el México del partido hegemónico empañara la equidad de las elecciones y la credibilidad de los resultados de nuestro proceso de cambio político.
Con la instrumentación del Servicio Profesional Electoral del entonces IFE, allá en 1993, el profesionalismo se adhirió estructuralmente a la vida cotidiana de la autoridad electoral, al establecer rigurosos mecanismos para el ingreso, promoción, evaluación y permanencia del personal que organizaba las elecciones del ámbito federal de nuestro país.
Esa es una de las razones, esta rápida asunción del principio de profesionalismo en el trabajo y operación cotidiana de las autoridades electorales que llevó al legislador constitucional a suplantar ese principio que rápidamente se había instrumentado en la estructura, decía, de las autoridades electorales por el principio de imparcialidad que se plasmó en la Constitución. Hoy el principio del profesionalismo no es un principio rector de la función electoral, pero es un leitmotiv que cotidianamente orienta el trabajo de las autoridades administrativas y jurisdiccionales del país.
El prestigio que adquirió ese servicio civil de carrera, el Servicio Profesional Electoral en materia, en esta materia, no sólo contribuyó a que los partidos confiaran en el desempeño de las autoridades electorales, sino que proyectó la imparcialidad de la democracia mexicana en el ámbito internacional. De hecho, hay que decirlo con orgullo, las auditorías que incluso ha aplicado al INE, al IFE al INE la Auditoría Superior de la Federación, han considerado al Servicio Profesional Electoral, junto con el Servicio Exterior Mexicano, como los servicios de carrera más consolidados de nuestro país.
La calidad técnica e imparcialidad con la que se ha desempeñado a lo largo de más de dos décadas, el personal del hoy INE llevó justamente al legislador constitucional en la última reforma a construir o a expandir el propio Servicio Profesional Electoral que había estado limitado, con algunas excepciones, la de la Ciudad de México hay que resaltarla, en el ámbito local, a un único servicio de carácter ahora, nacional.
En síntesis, el profesionalismo de las autoridades electorales se ha convertido desde hace más, ya más de dos décadas y media, en un tema icónico de la democracia mexicana y confío que con la instrumentación de los convenios como este, ese profesionalismo será una característica del todavía naciente, pero cada vez más robusto y consolidado sistema nacional de elecciones.
El convenio que hoy atestiguamos tiene una relevancia adicional, porque involucra al propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en ese proceso de capacitación y actualización permanente que el personal y los integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales tendrán en el futuro.
El Tribunal Electoral en nuestro sistema, nuestro diseño electoral ha tenido una relevancia cada vez mayor, al menos por dos aspectos.
En primer lugar, porque el Tribunal a través de sus salas se ha convertido en la última instancia de iure de facto de la solución de todos los conflictos electorales en el país. No hay una elección cerrada, una elección competida que no termine al final del proceso litigioso siendo calificada por las salas del propios Tribunal Electoral.
Y en segundo lugar, porque rol de última instancia lo ha convertido, particularmente los últimos cinco lustros, en un auténtico intérprete de la legislación electoral, y a partir de sus criterios y jurisprudencia, en un sub sanador de las lagunas que la propia dinámica electoral inevitablemente provoca en la legislación que rige a esta materia.
Las directrices y los criterios del Tribunal Electoral podemos decirlo con claridad han orientado la evolución misma del sistema electoral, al grado que se han convertido en muchos sentidos en la antesala sustantiva, en la antesala en términos de contenidos de muchas de las reformas electorales que han sucedido a criterios icónicos que han marcado la ruta por la que el Derecho Electoral ha evolucionado en nuestro país.
Pero más el Tribunal Electoral en su evolución logró, y eso es una decisión que debe celebrarse a lo largo de tres integraciones de la Sala Superior de este órgano jurisdiccional, por la decisión y la apuesta de consolidar un centro que tuvo un origen plural, pero al final del día se concreta, hace una década y media, en la consolidación del Centro de Capacitación Electoral como una instancia señera no solamente de la investigación en esta materia, sino también, de la difusión y de la pedagogía con la que Tribunal Electoral ha asumido este otro rol que es el de la difusión y consolidación de las sentencias, más allá del efecto jurídico que las mismas en cuanto tal tienen.
El Centro de Capacitación Judicial Electoral se ha convertido, como decía, en una institución de acompañamiento y análisis central en la evolución del sistema electoral mexicano, por la seriedad y localidad académica, que debo decir, me consta de primera mano, tuve el privilegio de formar parte del órgano académico de dirección de este Centro durante más de cinco años, hasta que la Cámara de Diputados interrumpió este, para mí venturosa relación.
No sé si para todos, en algunos momentos pues tuve que asumir, creo que como académico nos toca una posición crítica, pero creo que, espero de la que el propio Centro se haya nutrido. Mi asignación como Consejero Electoral me impidió seguir formando parte, pero bueno, digamos, me permitió una relación de una distinta índole.
Decía, el Centro de Capacitación ha cobrado una relevancia envidiable, lo debo decir, para no solamente muchos entes académicos, socios estratégicos, por cierto, del Tribunal, sino también para otras instituciones que vemos en el Centro de Capacitación una institución a emular y con la cual tenemos sin duda, o aspiramos a colaborar.
El convenio de colaboración que hoy se ha suscrito es particularmente relevante en la consolidación, en la lógica del sistema nacional de elecciones, y ayuda a la consolidación del mismo.
El rol del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como garante de la constitucionalidad del sistema e instancia de garantía de los derechos políticos fundamentales de las y los mexicanos es una institución que se convierte, como decía, en muchos sentidos en la orientadora y en la dadora de contenidos y significados, reinterpretación de significados de la normatividad electoral que rige al sistema nacional.
Es decir, de la normativa electoral general pero también de la particular de cada entidad federativa y de sus naturales, poco deseables, pero frecuentes, sobre todo en este rally hoy acelerado porque se cierra, bueno, dependerá de nosotros si no les vamos a decir cuándo vamos arrancar el proceso electoral todavía, pero tenemos que arrancarlo la primera semana de septiembre, rally de legislación o de armonización legislativa.
El rol del Tribunal es fundamental precisamente para subsanar estas contradicciones y emitir los criterios con los que tenemos que actuar las autoridades administrativas.
Quién mejor en ese sentido que el Centro de Capacitación Judicial Electoral para difundir, hacer entender, y algo que me parece fundamental como una responsabilidad de las autoridades electorales y del Tribunal, entre otras instancias, a través del Centro, hacer pedagogía respecto de los criterios e interpretación que el Tribunal Electora a través de sus salas genera.
Se trata este convenio, me parece de un área de oportunidad, para que el Tribunal a través del Centro, conozca también, hay que decirlo, de primera mano, a partir del contacto con los propios operadores electorales que cotidianamente en el terreno tenemos que enfrentar las dificultades que desafortunadamente muchas veces están en el expediente, ni se pueden plantear en el expediente para que conozca, decía de primera mano, esa realidad sobre las que las normas y los criterios tienen que operarse, y que a marchas forzadas nos ha obligado a conocer a las instancias nacionales la reforma del 2014, al involucrarnos de manera directa en la organización de los procesos electorales locales.
Me parece pues que este convenio, más allá de ser una oportunidad para el profesionalismo, que me parece subyace a la lógica de la reforma 2014 de las autoridades electorales administrativas locales, también quiero verla en esta lógica dialogante que siempre he sostenido, debe nutrir el funcionamiento y consolidación de la institucionalidad electoral, del vínculo que debe mediar entre autoridades administrativas y autoridades jurisdiccionales.
También es una oportunidad para que a través de las propias aulas virtuales del propio Centro de Capacitación se entienda desde la jurisdicción muchas de las problemáticas, insisto, que en día a día en la organización de las elecciones las autoridades administrativas, en este caso las locales, enfrentamos.
En síntesis, estoy seguro que las actividades que deriven de este convenio no sólo contribuirán a fortalecer académicamente al personal que integra a los organismos de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas, nuestros partners, los miembros digamos de esta amalgama institucional que se deriva de la reforma de 2014, sino que también servirá para fortalecer con ello la calidad de la organización de las elecciones en nuestro país y la credibilidad del modelo de nuestra democracia.
Y quién quita, ojalá, permítanme un buen deseo, que con la aplicación más concienzuda, mejor enterada, mejor comprendida de los criterios del Tribunal Electoral logremos avanzar en la ruta de disminuir la litigiosidad de las Salas del propio Tribunal Electoral, que no necesariamente, que bueno, que exista esa ruta institucional, pero no necesariamente ayuda a la consolidación de la democracia mexicana.
En muchas ocasiones es justamente el flanco con el que las autoridades judiciales y administrativas tenemos que enfrentar el día al día de nuestra materia.
Muchas gracias.
Versión Estenográfica, Firma del convenio de Colaboración académica entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF), realizado en el auditorio José Luis de la Peza de la Sala Superior
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