Permítame intervenir.
Como en la ocasión anterior, con un tono de preocupación, que no pretende ser como alguien podría suponer un tono admonitorio a los partidos, sino un tono que pretende evidenciar un problema que hoy, por segunda ocasión en estos procesos electorales, durante las campañas electorales en curso está demostrando, digamos, una actitud que debería corregirse en los días por venir.
Reiterando o partiendo de dos premisas en las que me gustaría ser particularmente enfático. La primera, la fiscalización no es un mecanismo de debilitamiento de los partidos políticos. Si lo vemos como parte de un proceso de construcción institucional histórico la fiscalización no solamente es un instrumento fundamental para garantizar la equidad en la contienda, sino también bien entendido es un mecanismo de rendición de cuentas y por ende de fortalecimiento a los partidos políticos, a menos que la actitud de los sujetos fiscalizados sea la de ocultar información, porque en ese caso la fiscalización sí se convierte en un brazo, digámoslo así, que evidencia omisiones o irregularidades.
Pero la finalidad de la fiscalización, esto quiero subrayarlo, no es evidenciar la conducta ilícita de los partidos, sino por el contrario, generar un estímulo para que la conducta de los actores políticos esté apegado a la ley y en virtud de la lógica y rendición de cuentas se fortalezca la figura de los partidos de cara a la ciudadanía. Esa es la lógica con la que tenemos que entender la fiscalización.
Ahora, la fiscalización, para llegar a buen puerto, requiere de una, y esto lo reitero por segunda ocasión, requiere de un acompañamiento y de un cumplimiento de responsabilidades de los partidos de informar con base en las reglas que nos hemos dado y por cierto que los mismos partidos pusieron en la Constitución, en la última reforma.
La fiscalización en tiempo real no es una exigencia de la autoridad electoral sino una disposición que se pactó y se constitucionalizó en 2014; y por supuesto, una corresponsabilidad de la autoridad electoral, de cumplir con su función de revisión de las cuentas.
Estas son las dos premisas de las que quisiera partir.
Qué es lo que nos está evidenciando este segundo informe y por eso, el tono de preocupación de mi parte, que no es un tono admonitorio, repito, sino pretende ser un tono que subsane porque estamos todavía con las fiscalizaciones en curso; es decir, con el proceso de captación de desarrollo de las campañas y captación de los informes de los ingresos y los gastos en curso y no estamos ante una función ya de auditoría, que esa vendrá al final y entonces se determinarán eventuales irregularidades y eventuales sanciones. Todavía estamos a tiempo de subsanar lo que hoy con preocupación podemos evidenciar.
¿Y qué estamos evidenciando?
Uno: Que no es cierto que estemos haciendo una auditoría meramente de Gabinete y permítanme poner un ejemplo que probablemente es el más sonado porque la campaña que más atención ha generado hasta el momento, es probablemente la del Estado de México.
Al día de hoy en el SIMEI, en el Sistema de Monitoreo de Espectaculares hay 14 mil 860 testigos sólo del Estado de México evidenciados; esto habla de un trabajo, no de gabinete, sino un despliegue en campo que, por cierto, nos está arrojando una cifra que a estas alturas de una campaña, había sido inédita en el ámbito de la fiscalización local.
Hemos realizado 512, perdón 401 visitas de verificación sólo en el Estado de México. Y esto, perdón que lo diga, contrasta con las 512 operaciones que a nivel nacional en las cuatro entidades se han reportado por los partidos.
Tiene razón el Consejero Nacif, puede haber una operación de gasto que abarca o que incluye muchísimos testigos, pero la preocupación más delicada y no quiero dejar de subrayarlo en la mesa, es que la mayoría; subrayo: la mayoría, de los reportes de gasto de los partidos políticos, hablo en plural, ocurren después de que se ha identificado en el SIMEI un testigo. Es decir, el reporte de los partidos está ocurriendo, en buena medida determinado por la capacidad de auditoría en campo de la autoridad electoral.
Cuando la autoridad electoral identifica algo en que se ha gastado, un elemento de gasto, los partidos lo cubren reportando dicho gasto, pero esto está ocurriendo al revés.
El gasto tiene que reportarse tres días después de que se realiza, no después de que la autoridad electoral identifica un gasto que no había sido reportado hasta ese momento, y que entonces, como cobertura se reporta después. Y eso es algo preocupante porque alguien no está haciendo su parte en este trabajo conjunto de fiscalización.
Segundo punto: La gran mayoría de la carga, esto lo evidenciaba el Consejero Murayama, si atendemos a la historia de la fiscalización, esto está ocurriendo a destiempo y si me atreven, en un periodo en el que se pone en riesgo la capacidad de auditoría y de fiscalización de la autoridad electoral.
El año pasado, en 2016, el 23 por ciento de los reportes, de los informes, es decir, perdón de los soportes de gasto, de los reportes de gasto de las operaciones, ocurrió como respuesta al Oficio de Errores y Omisiones; es decir, la cuarta parte de lo que el año pasado los partidos reportaron haber gastado lo hicieron cuando la autoridad electoral solamente tenía 10 días para traer a la Comisión y luego al Consejo General el dictamen de campaña correspondiente.
Con eso, los partidos, lo digo de veras y sin un ánimo, insisto, con un ánimo de preocupación, inhibieron cualquier capacidad de auditoría de la autoridad electoral sobre estos gastos porque la solicitud de información, por ejemplo, de compulsa de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tarda tres semanas.
Yo no pienso mal, estoy preocupado, si pensara mal y no le corresponde a la autoridad electoral pensar mal, la conclusión de este dato sería distinta; es decir, que hay una intención de complicar y de inhibir la fiscalización.
De cara a la ciudadanía, creo que todos los que estamos sentados en esta mesa tenemos que mandar el mensaje contrario, porque aquí tenemos que reivindicar el valor y la dignidad de la política, pero no estamos, no estamos con los datos que revela el informe, me parece avanzando particularmente en ese sentido.
Creo que estamos en un momento en el que estamos entrando en el tramo final de las campañas electorales, en donde deberíamos hacer un ejercicio de reflexión frente a una sociedad que está indignada, indignada, entre otras cosas, por el manejo de los recursos públicos, de los manejos y la conducta de la política y de los políticos, y desde aquí tenemos que reivindicar todos conjuntamente a la política, sobre todo de cara a los procesos electorales de este año y más todavía de cara a los procesos electorales del 2018. Y con lo que este informe nos revela, no estamos cumpliendo con nuestra tarea.
Creo que esto tiene que ser un llamado de atención colectivo, para que la autoridad electoral mejor sus técnicas y sus capacidades de auditoría, pero también para que los sujetos auditados cumplan con el rol que les toca en esta tarea conjunta que es la fiscalización.
Estamos todavía frente a un informe adicional y ojalá lo que ya evidenciamos en la fiscalización de 2016, de las campañas 2016 no ocurra de nueva cuenta, porque si no mandaremos malos mensajes a una ciudadanía, insisto, que está indignada.
¿Alguna otra intervención? Si no hay más intervenciones podemos dar por recibido el informe.
Versión estenográfica en el punto 4 de la sesión Extraordinaria, Informe sobre el registro de operaciones de ingresos y gastos de campaña en el Sistema Integral de Fiscalización al 6 de mayo de 2017
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