México se encuentra inmerso en un proceso electoral de gran trascendencia, marcado por la complejidad de su desarrollo y la relevancia de sus resultados. Desde mi posición como Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), me complace compartir con ustedes algunos datos y el rigor con los que abordamos cada fase de este proceso democrático, asegurando su legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad, certeza y, por supuesto, la equidad en la contienda.
El 2 de junio próximo, los mexicanos elegiremos 20,708 cargos públicos derivados del sufragio ciudadano. Entre ellos, se renovará la Presidencia de la República, así como la totalidad del Congreso de la Unión esto es: 128 senadores y 500 diputados federales. También se elegirán nueve titulares de Poderes Ejecutivos Locales: Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
En los 32 estados de la República se renovarán, tanto legislaturas locales como ayuntamientos, mientras en la Ciudad de México, 16 alcaldías enfrentan procesos electorales para renovar a sus autoridades. Para el domingo 2 de junio, se espera que salgamos a votar 98,329,591 millones de personas que aparecemos en la Lista Nominal de Electores.
Este proceso electoral no solo constituye un ejercicio político, sino un reflejo de la madurez democrática de nuestra nación. Cada etapa, desde la preparación hasta la validación de la elección, juega un papel fundamental en la salvaguarda de los principios democráticos y la garantía de la voluntad popular.
La Jornada Electoral del próximo 2 de junio no es solo un día en el calendario, es el momento en que como ciudadanía ejercemos uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia: el derecho al voto. Es nuestra voz en la construcción del futuro de nuestro país.
El INE, como máximo órgano electoral, trabaja incansablemente para garantizar que las elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular. Su compromiso con la certeza, la transparencia y la equidad es fundamental para mantener la integridad de nuestro sistema democrático. Sobre nuestra responsabilidad descansa la confianza ciudadana y la de todos los actores políticos y sociales de nuestro país. Nos toca, en los hechos, refrendar la vía electoral como base de la alternancia en el poder.
Hay que dejar en claro que el INE es la institución encargada de organizar las elecciones. El Instituto no es un actor político, tampoco es parte fundamental de la legislación. No puede participar en los procesos legislativos para las reformas electorales, ya que esa tarea está encomendada a la Cámara de Diputados. Lo que sí hace el INE es organizar las elecciones y para la organización de las elecciones, el INE cuenta con una estructura desconcentrada de 32 juntas locales y 300 juntas distritales. Pero también estamos en una constante coordinación con los Organismos Públicos Locales (OPL) de todas las entidades de la Federación.
Esta coordinación es el eje que rige lo que demandó y lo que estableció la reforma electoral del 2014. Celebramos 10 años del Sistema Nacional de Elecciones que generó una nueva relación entre el INE y los OPL, que se caracteriza por el respeto de sus competencias constitucionales y legales y el acompañamiento en cada etapa del proceso. La preparación de la elección no puede ocurrir sin el compromiso de todas las autoridades electorales en México. Las elecciones se realizan en el territorio.
El INE hoy es el responsable, con sus nuevas atribuciones, de estar normando actividades desde la ubicación de las casillas, los lugares para su colocación, la capacitación para los funcionarios electorales, los funcionarios de mesas directivas de casilla, la instalación de la casilla única, normar criterios tecnológicos en el tema del PREP, atrajimos también la elaboración de los conteos rápidos en el caso de gubernaturas y se quedan en las entidades otros ejercicios de muestreo que pueden realizar ellos.
Es crucial destacar que en el INE las decisiones son colegiadas entre las y los consejeros, y aunque las representaciones de los partidos políticos y del legislativo tienen voz, no cuentan con voto, según el diseño constitucional. Esta colaboración garantiza que las decisiones sean tomadas con el objetivo común de fortalecer nuestra democracia.
El día de la elección es el momento cumbre en el que la voluntad del electorado se hace presente. El despliegue de recursos y personal por parte del INE en todo el territorio nacional es fundamental para garantizar el ejercicio universal, libre, secreto y directo del derecho al voto. La supervisión constante del desarrollo de la Jornada Electoral asegura que cada ciudadano pueda emitir su voto en absoluta libertad.
Una vez concluida la Jornada Electoral, el conteo de votos y la consolidación de resultados son procesos que requieren de rigurosidad y transparencia. De la mano de la ciudadanía que participa directamente en las mesas directivas de casilla, el INE se encarga de garantizar que cada voto sea contabilizado y registrado de manera precisa, asegurando la veracidad y legitimidad de los resultados electorales. Esta etapa es crucial para determinar el rumbo futuro de nuestra nación y no podría concretarse sin el compromiso de quienes en cada Jornada Electoral reciben a sus amigos y vecinos en las casillas.
En resumen, el proceso electoral del 2024 en México representa un gran desafío, pero también una oportunidad para fortalecer nuestra democracia y consolidar el compromiso con la justicia y la igualdad. Cada etapa, desde la preparación hasta la validación de la elección, contribuye a la certeza y equidad del proceso, asegurando que la voz ciudadana sea escuchada y respetada en la mesa de la democracia.