Participa Vocal Ejecutivo del INE en Guerrero en Segunda Jornada de Capacitación a Presidencias y Secretarías Técnicas de los consejos Distritales del IEPC en la entidad

Escrito por: Redacción INE
  •  Asistieron el Consejero Presidente del IEPC, J. Nazarín Vargas Armenta, y el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, Dagoberto Santos Trigo
  • Santos Trigo refrendó el compromiso de la autoridad electoral con la sociedad en la construcción de condiciones favorables para garantizar comicios ejemplares en la entidad
  • El mejor blindaje que podemos dar a las condiciones de equidad y de neutralidad política en nuestro actuar cotidiano, es cumplir al cien por ciento con lo mandatado por la ley: Vocal Ejecutivo del INE

Con el objetivo de proveer información y reforzar los conocimientos de las y los presidentes y las y los secretarios técnicos de los Consejos Distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero (IEPC-GUERRERO), se desarrolló la Segunda Jornada de Capacitación en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

En el evento, estuvieron presentes el Consejero Presidente del IEPC, J. Nazarín Vargas Armenta, y las Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General; por el INE, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva, Dagoberto Santos Trigo, las y los Vocales de la Junta Local, y las y los Vocales Ejecutivos de las 9 Juntas Distritales Ejecutivas del INE en la entidad.

Los temas que fueron expuestos fueron: el Convenio General de Coordinación y Colaboración INE-IEPC, Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral, Manual de la y el funcionario de casilla versión CAE; recorridos de ubicación de casillas y visitas de examinación; funcionamiento de bodegas y teoría y práctica relativa a la recepción y trámite de las quejas y denuncias presentadas ante los Consejos Distritales Electorales.

En su mensaje, Dagoberto Santos Trigo resaltó la importancia de la reunión con toda la familia electoral que asume y toma decisiones relevantes para el adecuado desarrollo del Proceso Electoral concurrente en el estado de Guerrero, y subrayó el hecho de que se asume una responsabilidad compartida en la celebración de las elecciones locales.

Enfatizó en que la ocasión es propicia para refrendar el compromiso con la sociedad en la construcción de condiciones favorables para llevar a buen destino los trabajos, acciones y actividades tendentes a garantizar unos comicios ejemplares en la entidad.

Del mismo modo, hizo hincapié en el pleno respeto a los ámbitos de competencia de ambas instituciones, y con sentido de responsabilidad lanzó un llamado respetuoso a los integrantes de ambas estructuras ahí reunidas a colaborar sin mezquindades, sin enconos, sin envidias institucionales y a dar lo mejor de sí en pro del objetivo común: garantizar el estricto cumplimiento de los principios rectores de la función estatal de organizar las elecciones.

Señaló “que la fortaleza institucional de las autoridades administrativas electorales radica, precisamente, en lograr la plena objetividad y certeza en el actuar; en el estricto apego a los criterios y lineamientos normativos que permiten la realización del Estado de Derecho en las contiendas electorales; y que mal haríamos si dejamos de lado la guía del derecho en la supervisión de las acciones compartidas, mal haríamos si olvidamos que el mejor blindaje que podemos dar a las condiciones de equidad y de neutralidad política en nuestro actuar cotidiano es cumplir al cien por ciento con lo mandatado por la ley”.

Agregó que “las relaciones de coordinación entre ambas instituciones electorales deben cumplirse conforme a lo diseñado y programado en el Convenio General de Colaboración y Coordinación, así como en los Anexos Técnico y Financiero; logrando así una plena articulación interinstitucional.

También llamó a los presentes a asumir el tramo de responsabilidad que nos corresponde, y con sentido de solidaridad, generosidad y hasta de fraternidad colaborativa, dando lo mejor de nuestras capacidades, habilidades y destrezas para cumplir, con la calidad y calidez requeridas, con el honroso servicio electoral del que formamos parte, y así impulsar una campaña intensa, en toda la geografía de la entidad, en pro de la emisión de un voto libre y razonado.

No obstante lo anterior, sostuvo que no será fácil el reto, sobre todo en sociedades como la guerrerense, principalmente en las zonas rurales, cuando los principales instrumentos de evaluación educativa como PISA y PLANEA dan cuenta que nuestro próximos ciudadanos carecen de las habilidades más elementales en materia de comprensión lectora; cuando la inclinación por la ciencia y la investigación de nuestros jóvenes se ve ahogada por una inmensa campaña global de las aparentes virtudes de la “sociedad del espectáculo”.

Agregó que cuando la desigualdad y la pobreza son los alicientes formidables para la aparición de conductas contrarias al recto raciocinio del sufragio; de ahí la importancia de trabajar coordinadamente tanto con la FEPADE federal como con la local para coadyuvar con ambas instancias en el fortalecimiento de los programas de prevención de los delitos electorales y en la plena vigencia de una cultura de la legalidad electoral.

En otro orden de ideas, exaltó el hecho de que en los últimos diez años hemos dado ejemplo al mundo sobre las acciones afirmativas en el ámbito laboral en el INE y ahora, cada vez más, en los OPL, para la incorporación de más mujeres en las tareas electorales; garantizando la paridad de género efectiva en los cargos de elección popular, a nivel federal y local; y que con este mismo ímpetu se debe incentivar la participación de los pueblos y comunidades que se auto adscriben como indígenas para, en conjunto, generar mayores y mejores canales de interlocución y se respeten las acciones afirmativas indígenas en las contiendas electorales, con el fin de hacerlas realidad con absoluto respeto a los derechos humanos de las mujeres, y del Estado pluricultural de la nación mexicana.

Concluyó mencionando que en materia electoral, “nada puede ser más reprobable que el impulso hacia el quebranto de los bienes jurídicos tutelados por el legislador al momento en que individuos o grupos alteran o se apoderan, injustificadamente, de los productos electorales o buscan influir coaccionando, induciendo o comprando el voto de grupos poblacionales que por sus carencias patrimoniales o alimentarias ceden ante la presión del clientelismo político”.