Discurso de Lorenzo Córdova Vianello la Firma del Adendum al Convenio de colaboración en materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenir la Comisión de los delitos Electorales y fomentar la participación ciudadana entre SEDESOL-PGR-FEPADE-SFP

Escrito por: INE
Tema: Consejero Presidente

Buenos días.

Licenciado Garay Maldonado.

Licenciado Eviel Pérez Magaña, Secretario de Desarrollo Social, gracias por su anfitrionía.

Maestra Arely Gómez, estimada Arely, Secretaria de la Función Pública.

Licenciado Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho de la Procuraduría General de la República.

Doctor Héctor Díaz Santana, Fiscal Especializado para la Atención de los Delitos Electorales.

Estimadas amigas y amigos.

Evitar que recursos o poderes públicos influyan en el desarrollo de las elecciones ha sido una preocupación constante en el diseño de la democracia mexicana.

Esta preocupación explica en buena medida la autonomía de las autoridades electorales, el establecimiento de una fórmula para transparentar el cálculo del financiamiento público de los partidos y contendientes, la determinación  de las fuentes ilícitas y de los entes que tienen prohibido canalizar recursos por cualquier vía a las contiendas electorales, y la prohibición constitucional de utilizar con fines personales o partidistas los recursos públicos, entre otros aspectos del complejo pero robusto sistema electoral mexicano.

De ahí que en cada proceso electoral, una y otra vez, se ponga a discusión si los programas sociales son utilizados por los gobiernos municipales, estatales o federales en beneficio de los partidos políticos.

Es innegable que el asidero de este debate no es una invención, sino que se encuentra en los problemas estructurales que lamentablemente por décadas hemos padecido.

En este sentido, me parece que debemos reconocer que las suspicacias que fundamentan el eventual uso electoral o partidista de los recursos públicos derivan de dos factores desde mi punto de vista: el primero, de la oceánica pobreza y la ominosa desigualdad que padecen todavía, lamentablemente nuestro país, y el segundo, del lastre de la desconfianza hacia las instituciones públicas que heredamos de la arbitrariedad con la que se ejercían los poderes públicos en la época del México autoritario.

Indudablemente, en los últimos 25 años, la transparencia, el acceso a la información pública y el activismo de la sociedad, han contribuido a minimizar el ejercicio arbitrario del poder político y han configurado un sistema donde la división de poderes es cada vez más real, es cada vez más vigoroso.

Sin embargo, en materia de pobreza y desigualdad, que constituyen, desde mi punto de vista, los factores estructurales que crean el caldo de cultivo para el clientelismo político todavía tenemos importantes déficits que representa un desafío para todas las instituciones del Estado mexicano e incluso para las organizaciones de la sociedad civil que cuentan con una visión de responsabilidad social.

Al respecto, permítanme poner un par de datos para ilustrar estos déficits: de acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, aunque en los últimos años se han logrado algunas mejoras en materia de pobreza, todavía el 43.6 de la población se ubica en esa situación.

En cuanto a la desigualdad, México no sólo es el país más desigual de los que integran la OCDE, sino que el incremento de la riqueza acumulada en los últimos años, ha propiciado que la concentración de la misma en pocas manos, haya crecido de cerca del dos por ciento del producto nacional en 2002, al nueve por ciento en 2014, de acuerdo con cifras de OXFAM.

Estos problemas estructurales son los que crean las condiciones para que todavía existan quienes pretenden medrar políticamente con las necesidades de la población, y que traten de utilizar en su beneficio los programas sociales durante los procesos electorales.

De ahí que la adenda que el día de hoy han firmado la Procuraduría General de la República a través de la FEPADE, la SEDESOL, y la Secretaría de la Función Pública, me parece que es una buena noticia para la equidad y el desarrollo del proceso electoral más grande que hayamos vivido en nuestra historia democrática.

Con esta adenda las instituciones firmantes se están comprometiendo públicamente, entre otros aspectos, a primero, generar sinergias para prevenir y combatir los delitos electorales.

Dos, evitar el condicionamiento de la entrega de recursos públicos a cambio del sufragio.

Tres, desarrollar campañas sobre las responsabilidades administrativas y penales en las que pueden incurrir los servidores públicos que cometan infracciones a la normatividad en la materia.

Y cuatro, desplegar acciones de vigilancia a través de la figura de la Contraloría Social a la que ha hecho referencia la Secretaría de la Función Pública, que impidan el uso de bienes materiales, instalaciones y vehículos públicos el día de la jornada electoral, así como en los días previos a la misma.

Dicho de otra manera, lo que subyace en esta adenda es un compromiso público de las instituciones firmantes para impedir que los servidores públicos se beneficien electoralmente de su acceso a recursos del Estado, y evitar que los programas sociales se conviertan en una fachada para encubrir intereses partidistas o personales.

Se trata, para decirlo con toda claridad, de contar con un instrumento jurídico, reforzar, diría, un instrumento jurídico. Y Arely ha señalado la génesis jurídica que nos trae el día de hoy a la suscripción de adenda, que permita desplegar acciones que inhiban aquellas conductas que pudieran alterar la equidad de la competencia democrática por los poderes públicos.

Finalmente, permítanme concluir con una reflexión sobre el carácter colectivo de nuestra democracia. Las reglas del juego democrático que hemos configurado a lo largo de más de un cuarto de siglo establecen roles diferenciados para las autoridades gubernamentales, las instituciones electorales y los partidos y contendientes, así como para organizaciones de la sociedad y la ciudadanía.

Esta responsabilidad colectiva implica la única forma de contribuir a la elevar la calidad de la democracia mexicana, y sobre todo, de contribuir a la estabilidad política de los mercados y a la paz social, que en las horas posteriores a la conclusión de la Jornada Electoral, es la clave es, que todos respetemos las reglas.

Así en estos momentos en que las fórmulas para la competencia por el sufragio en cada ámbito electoral aún no están definidas, en las que las precampañas están a dos semanas de concluir y todavía falta que concluya por cierto, la revisión de los requisitos de quienes aspiran a una candidatura por la vía independiente, es indispensable que la legalidad sea el pasaporte de todos aquellos que aspiran a competir por un cargo de representación popular.

Por ello, quisiera reiterar algunos aspectos determinantes relacionados con la ejecución de los programas sociales durante los procesos electorales.

Primero, insistir en que es ilegal que los servidores públicos condicionen el otorgamiento de los beneficios de los programas sociales a una conducta proselitista o bien al apoyo a un partido político, candidata o candidato.

Segundo, que cualquier intento de compra o coacción del voto debe ser denunciado, para impedir que se vulnere la equidad de las contiendas.

Tercero, señalar muy enfáticamente que la legislación electoral no establece la suspensión de los beneficios que suponen los programas sociales durante el proceso electoral y particularmente durante las campañas, pero sí supone la suspensión de la propaganda gubernamental relacionada, dichos programas sociales desde el arranque mismo de las campañas electorales, es decir desde el próximo 30 de marzo.

Y finalmente, que los programas sociales que sean de temporal, construidos exprofeso durante los procesos electorales, los que no han estado presupuestados debidamente en los respectivos ejercicios tanto federal como locales, los que no cuenten con reglas de operación definidas con antelación.

Los que no tengan un padrón de beneficiarios -cuya inclusión a  los mismos-, debe estar claramente definida con anterioridad, constituyen indicios, así ha ocurrido, esos son los criterios vigentes que hoy rigen la materia, constituyen decía indicios, de programas sociales con un uso electoral.

Y esto implicará, en consecuencia, una vigilancia puntual tanto del Instituto Nacional Electoral, como de la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales que hemos conformado una alianza natural, estratégica. Estaremos vigilantes y coadyuvaremos, por cierto, a todas las tareas de prevención como los que esta misma adenda supone.

Recordemos que ante la creciente competitividad que han experimentado las elecciones en los últimos años, es particularmente importante que todas y todos: autoridades, instituciones, actores políticos y ciudadanía, contribuyamos a la limpieza  de las elecciones, denunciando oportunamente a  aquellos servidores públicos que violan las leyes electorales y que pretenden obtener indebidamente un cargo de representación del Estado mexicano.

Siempre he sostenido que la democracia es posible gracias a la conjunción de una serie de responsabilidades, de distintos actores. Por un lado, de las autoridades electorales que requerimos un seguimiento, un acompañamiento crítico y vigilante, no solamente de los actores políticos, sino también de la sociedad.

Los partidos políticos y candidatos que son los actores principales de las contiendas y que tienen que ser seguidos, escrutados, exigidos por la ciudadanía. De los medios de comunicación, que son responsables de generar esa información, ojalá tan objetiva como sea posible, de la que depende el voto informado y con ello e voto libre. De los gobiernos, que son responsables de mantener y cumplir los principios constitucionales establecidos en materia de imparcialidad  en el ejercicio de los recursos y finalmente de los ciudadanos, los protagonistas principales de la democracia.

Si todos cumplimos con nuestras responsabilidades, generaremos las condiciones para que ésta, la de 2018, no solamente sea la elección más grande de nuestra historia, sino también la elección que sea recordada como aquella en la que los mexicanos ejercimos nuestros derechos políticos en libertad.

Muchísimas gracias.

Versión estenográfica de la intervención del Consejero Presidente del INE Lorenzo Córdova Vianello, durante la Firma del Adendum al Convenio de colaboración en materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenir la Comisión de los delitos Electorales y fomentar la participación ciudadana entre SEDESOL-PGR-FEPADE-SFP

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