Democracia debe ser un ejercicio ciudadano y no de intereses económicos: expertos

Escrito por: INE
Tema: Comunicados de Prensa

Número: 440

  •         Indispensable sustraer de la democracia de la lógica que la entiende como una extensión más del mercado: Ciro Murayama
  •       La corrupción electoral una perversión del sistema democrático: Benito Nacif

Poner límites al poder del dinero, a la transformación de políticos como mercancía y a la corrupción política como perversión del sistema democrático, para apostar por  un sistema electoral donde la democracia sea un ejercicio ciudadano y el valor del voto libre y secreto esté por encima de la noción de que es una mercancía que se puede intercambiar, coincidieron funcionarios, académicos y expertos internacionales que participaron en el Seminario Internacional Política y Dinero: Democracia Vs Corrupción, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Al moderar el panel La tensión estructural entre dinero y democracia, el consejero electoral Ciro Murayama, subrayó que se debe de cuidar que la democracia sea un ejercicio ciudadano entre iguales y no un juego de poder económico.

“Dinero y democracia es una tensión estructural que debemos de estarla analizando permanentemente y viendo cómo hacemos que la democracia sea un ejercicio ciudadano entre iguales -porque al final, cada voto vale lo mismo- y no un juego de poder o desvirtuado por los poderes económicos”, dijo.

En el panel en el que participaron Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción; Marcela Ríos, de la Oficina de Gobernabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile, y Federico Reyes Heroles, de la iniciativa Impunidad Cero; el consejero Murayama mencionó que “a la democracia se le daña cuando se permite que  prive la exclusión social y la alta concentración de la riqueza, que es intrínseca al mercado”.

Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, subrayó que eldesencanto y  alejamiento de la democracia tiene que ver, en buena medida, con el hecho de que el mercado de las ofertas políticas no acaba de involucrar a los ciudadanos en el diseño de la oferta política.

“No puede ser que los políticos sigan pensando que ellos arman sus ofertas allá en el cielo de sus aparatos políticos y que  simplemente van a ir a desplegarlos frente a los ciudadanos sin una comunicación muy clara con ellos, que es parte de lo que reclama la democracia, diálogo entre quienes gobiernan y quienes son gobernados”, externó.

 Consideró que para “dignificar ese mercado de consumidores de distintos productos políticos”, tenemos que asegurar que los ciudadanos, como consumidores de esas ofertas políticas, pueden tener una participación mucho más activa, más exigente frente a aquellos que están ofreciendo sus propios programas y plataformas.

En su participación, Federico Reyes Heroles, de la iniciativa Impunidad Cero y del Consejo Rector de Transparencia, consideró que los políticos se están transformando en mercancías, pues utilizan sus recursos para para venderse. Hay quienes  apuntalados en sus patrimonios se venden en el mercado y otros que acuden a las agencias de publicidad y se transforman en un producto.

“Pareciera que todo ciudadano común pudiera, con dinero, promoverse y promover su figura en la política y vender sus ideas en el mercado político”, por lo que advirtió sobre el riesgo de que  se dé una plutocracia, es decir, que nos gobiernen los ricos.

En opinión de Reyes Heroles, esta situación degrada a la política como oficio y pervierte a los partidos políticos, pues esto ha hecho que surja un mercado de proveedores de este tipo personajes -que son las televisoras, las estaciones de radio y televisión-, los cuales colocan fichas políticas con un valor económico.

Aunque se mostró poco optimista de que se pueda hacer algo, mencionó que en otro momento se ha garantizado que el dinero que entre a las precampañas sea limpio y legal a través de fideicomisos.

Marcela Ríos, de la Oficina de Gobernabilidad, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile, enfatizó que la discusión de la relación entre dinero, política, corrupción y democracia no está limitada a América Latina, es una dimensión global del fenómeno de la corrupción y el efecto del dinero en la democracia en lo general.

Agregó que la corrupción en América Latina está teniendo un efecto devastador y se debe principalmente a tres factores: la desigualdad socioeconómica de la región, que hace se concentre el poder en el 1%; el proceso de construcción de Estado que no está concluido -y no es lo mismo enfrentar la corrupción con un Estado que  no funciona-, poderes judiciales que no tienen la capacidad económica e independencia para actuar y, por último, la construcción de sistemas de partidos fuertes no concluido.

En suma, dijo, cuando se impone una nueva dinámica de la afectación de la democracia por el dinero se termina por frenar o arrancar el proceso de construcción de sistemas de partidos, pues “el dinero ilícito tiene un efecto profundamente corrosivo en el Estado y en la capacidad de las personas de ejercer derechos”.

En el panel La corrupción política contemporánea y sus expresiones, el consejero electoral Benito Nacif -como moderador de la misma-, resaltó que la corrupción electoral, que generalmente implica a candidatos y partidos políticos recibiendo apoyos, donativos y aportaciones durante las campañas a cambio de que una vez que lleguen al cargo, les otorguen beneficios, es una “perversión del sistema democrático que no es exclusivo de la democracia mexicana”.

En la mesa, en la que participaron María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo de El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); Luis M. Pérez de Acha, integrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción e Iván Velásquez, comisionado internacional contra la Impunidad en Guatemala; el consejero Nacif sostuvo que “en nuestro país el tema de la corrupción electoral ha sido un tema del cual no se habla con la sinceridad y con la franqueza que se requiere”.

Así, el financiamiento público  se ha establecido como antídoto a la corrupción electoral dado que los partidos y los candidatos no van a necesitar dinero privado, y por lo tanto, habrá una protección en contra de corrupción electoral. Sin embargo mencionó que la corrupción electoral no está tipificada expresamente en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, ni está destacado como un problema específico a combatir por el Sistema Nacional Anticorrupción.

Para María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la corrupción es sistemática y la impunidad es una regla que admite pocas excepciones. “Es sistemática no solamente porque la corrupción está en todas partes sino porque es una forma de operar común en el ámbito público y privado, es un modo de vida que permea al cuerpo político y social, que no se trata de actos aislados ya que la corrupción en el país ha alcanzado un nivel más social”.

Indicó que la corrupción electoral es un subsistema de la corrupción política, el problema no está en el uso público o privado del dinero, lo más importante es si el dinero que entra en las campañas resulta en la creación de una relación de subordinación.

Resaltó que no hay normatividad que aguante si se tienen actores políticos y privados que estén dispuestos a violar esas normas. Si bien, mencionó que en el papel la mayor parte del dinero viene del financiamiento público, el meollo del asunto es creer en los números que reportan los partidos. “La labor de fiscalización del INE ha demostrado que los números son falsos. El problema no son los gastos no reportados sino de dónde vinieron”, anotó.

Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo de El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, subrayó que el siguiente gobierno, sea quien sea el ganador, se debe insistir en la independencia de las mediciones de pobreza y de evaluación de la política social.

“Presidentes y secretarios quieren tener sus propios programas para tener sus propias clientelas” dijo al sustentar que con base en la medición que hace Coneval, se tiene un inventario de 152 programas federales sociales, 2 mil 528 estatales y 3 mil 811 municipales. Es decir, casi 6 mil 500 programas sociales en todo el país, seguramente muchos duplicados.

Sin embargo, afirmó que 70 por ciento del presupuesto de esos programas sociales son prioritarios y hace cuatro años era al revés, el 70 por ciento que asignaba Hacienda a los programas sociales, eran programas no prioritarios.

Luis M. Pérez de Acha, integrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, alertó sobre el financiamiento ilícito y se refirió a las “empresas fantasma”, que se inventaron para evadir impuestos fiscales y no son tan fantasmas porque participan notarios públicos, contadores, abogados, ejecutivos de cuenta bancaria y funcionarios hacendarios del SAT, en suma dijo “se trata de delincuencia organizada con todo y lo que de ella se deriva”.

Muchas de estas empresas, anotó, llegaban en procesos electorales a ofrecer recursos, son otros mecanismos que son ilícitos, y es en donde empezamos a ver el exceso en el gasto de campañas, el manejo descomunal de efectivo.

En su oportunidad, Iván Velásquez, Comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala, indicó que la corrupción sistemática y estructural que se presenta está enraizada en la propia estructura del Estado y que es perpetuada a partir y por medio de la corrupción, siendo ésta el centro del financiamiento electoral ilícito.

Agregó que el financiamiento electoral ilícito “es el pecado original de la democracia, la puerta de entrada al círculo viciosos de la corrupción, a la sustitución del bien común por intereses sectoriales, y la perpetuación de la clase política corrupta en el ejercicio del poder”.

Subrayó la importancia de la condena social al corrupto, una prensa seria que denuncie los actos ilícitos a fin de lograr una consecuencia social y lograr procesos en contra de funcionarios, de empresas, servidores públicos, etcétera.