Muchas gracias.
Es para mí un honor poder estar con ustedes en esta Clausura.
Quiero agradecer muchísimo la invitación, la deferencia para con el Instituto Nacional Electoral, ha tenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, en particular, el artífice de esta reunión el Magistrado José Luis Vargas; por supuesto a todos quienes integran la Sala Superior y a la Magistrada Presidenta Janine Otálora un agradecimiento en lo personal y en lo institucional.
Ofrezco también una disculpa por no haber podido acompañar las reuniones de este Foro el día de ayer, estaba en Campeche en una reunión de la Asociación de Impartidores de Justicia, y con lo que tuvimos que optar, dado que somos órganos colegiados, por esta lógica de división del trabajo, colegas del Instituto Nacional Electoral, la Consejera Adriana Favela, la Consejera Claudia Zavala, el Consejero Enrique Andrade pudieron participar en estas reuniones.
Yo agradezco de veras muchísimo que el Instituto Nacional Electoral se le haya considerado para poder participar en esta Primera Asamblea de la Red Mundial de Justicia Electoral, en la medida que también somos un órgano de justicia, no somos un órgano de justicia, un órgano jurisdiccional de impartición de Justicia Electoral, pero somos en virtud de un complejo, para decirlo menos, sistema normativo, un órgano que imparte justicia en el plano administrativo y que resuelve en primera instancia las controversias entre los propios actores políticos y, por supuesto, un órgano que tiene en el Tribunal Electoral la Instancia de Revisión y de Validación o de, digamos, de control de legalidad y constitucionalidad de nuestras actuaciones.
Muchas gracias, pues, por considerarnos, quería comenzar con este señalamiento.
En segundo lugar, si se me permite también, quiero aprovechar este espacio para en lo personal, pero también a nombre del Instituto Nacional Electoral, manifestar una enérgica condena a las amenazas que en redes sociales se han venido vertiendo en días recientes a la Magistrada Mónica Aralí Soto, colega, por cierto, ex funcionario en su momento del Instituto Federal Electoral, y que resultan actuaciones absolutamente inaceptables en un contexto democrático.
La democracia supone la existencia natural en el ámbito electoral, el ámbito de la contienda por el poder político, supone, decía, la natural existencia de controversias, de posiciones encontradas, de incluso tensiones y diferencias políticas; pero lo que la democracia supone es por definición, no la ausencia de conflictos, no la ausencia de controversias, no la ausencia de confrontaciones, incluso me atrevo a decir, no la ausencia de tensión política, sino más bien, el hecho de que existan cauces institucionales para procesar esas diferencias y esas controversias de manera pacífica.
Desde este espacio, si se me permite y perdón por el abuso, pero para mí era muy importante -insisto- a nombre propio y a nombre del Instituto Nacional Electoral plantear en estos momentos una condena a todo acto de intimidación y de violencia contra cualquier instancia electoral.
Son actos inaceptables en una democracia y, sobre todo, son actos de intimidación que no pueden no tener un pronunciamiento colectivo en contra.
Agradezco sinceramente la oportunidad de participar en la clausura de los trabajos de esta Primera Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral.
Escuchar los diferentes ángulos de reflexión que desde otros países se dan a problemas electorales similares, es una virtud de la perspectiva comparada y una forma de contribuir a la consolidación de nuestras democracias.
Siempre he sostenido que a pesar de la similitud de problemas no hay soluciones únicas, universales, exportables a todos lados, sino que cada problemática resuelta de manera particular por cada nación es más un elemento de comparación que no necesariamente LA SOLUCIÓN, así con mayúscula, a esos problemas.
Estos espacios de cooperación, de intercambio de experiencias, son particularmente enriquecedores, no para construir soluciones únicas sino para analizar, retroalimentarnos de los modos en los que las distintas sociedades enfrentan problemas, eso sí como se ha planteado justo en la relatoría, problemas comunes, problemas similares que enfrentan las democracias en el mundo.
Es, también, una oportunidad, debo decirlo, para evaluar nuestras decisiones organizativas y jurisdiccionales con las que hemos tomado o las que se han tomado en otras naciones.
Concretamente en materia de Justicia Electoral, esa multiplicidad de enfoque nos recuerda una y otra vez que es indispensable que todo sistema democrático cuente con la presencia de órganos imparciales en donde se resuelvan las controversias que, como señalaba hace unos minutos, inevitablemente surgen en las contiendas políticas. Definen las contiendas políticas.
Para decirlo de manera metafórica, la lucha por el poder no puede, aunque tal vez sería deseable, compararse con una charla en un salón de té inglés en el siglo XIX.
Estamos ante una, ante contiendas ríspidas, naturalmente ríspidas, la lucha por el poder es eso, pero lo que define la lucha por el poder en clave democrática es la existencia de cauces, para que, como decía Karl Popper, el cambio en quienes toman las decisiones, el cambio en las instancias de poder ocurra sin derramamiento de sangre.
Y para ello, para impartir justicia, se requiere que las autoridades electorales tomen distancia y se coloquen -nos coloquemos- literalmente frente a los actores de las contiendas.
Se trata de que en un sistema democrático la sociedad cuente con instancias que, siguiendo procedimientos prestablecidos, claros, ciertos, conocidos, de ahí la importancia que las reglas del juego democrático no se cambien una vez que el juego ha comenzado. Y valga aquí un señalamiento respecto a las muchas voces que hoy en mi país, en nuestro país están especulando sobre la posibilidad o la pertenencia de cambiar las reglas electorales, incluso yendo en contra del artículo que la Constitución, que en la Constitución prohíbe que una vez iniciado el proceso electoral las reglas se cambien y para quienes dicen:” Bueno, si ese es el problema, pues cambiemos la Constitución y quitemos esa prohibición”.
Repito, se trata de que siguiendo procedimientos preestablecidos y respetando en todo momento las garantías procesales, se resuelva de manera definitiva las disputas que pueden presentarse entre los partidos, al interior de los partidos y entre la autoridad electoral y los ciudadanos.
En México el proceso de transición a la democracia necesitó de instituciones que se convirtieran en garantes de la legalidad de las contiendas, que evitaran las arbitrariedades y que aseguraran que el respeto pleno del ejercicio de los derechos políticos de ciudadanos, partidos y candidatos estuviera garantizado.
Dicho de otra manera, esta construcción institucional implicó construir cauces naturales para la solución pacífica de controversias de quienes compiten por los poderes públicos y de quienes desean y participan en los procesos electorales.
La solución mexicana, como aquí se ha planteado, y como da cuenta de manera gráfica este extraordinario texto que el Tribunal Electoral ha presentado, esta memoria fotográfica que se ha preparado para esta ocasión, la solución mexicana, decía, significó la creación de un Tribunal Electoral encargado de resolver los litigios electorales en última instancia y de controlar todos los actos de las autoridades electorales en el sentido de su legalidad y constitucionalidad.
Para entender la magnitud del modelo de justicia electoral en México, permítanme recordar, aunque sea de manera telegráfica, la evolución, los grandes momentos de la evolución de este componente de certeza en nuestro sistema electoral.
Hasta antes de 1986 no existió un órgano jurisdiccional que afrontara y resolviera los conflictos electorales con base en procedimientos específicos, era la misma autoridad administrativa que la que conocía de los recursos interpuestos y eran los propios órganos electos quienes calificaban la legalidad, la constitucionalidad, la democraticidad de las elecciones que de donde ellos habían resultado.
Esa reforma, la de 86, crea una instancia jurisdiccional de tipo administrativo, el Tribunal de lo Contencioso Electoral que, si bien no era una última instancia, sí tuvo la enorme virtud de abrir la ruta biinstancial que ha caracterizado desde entonces al modelo electoral mexicano, al sistema electoral mexicano, un órgano encargado de la organización de las elecciones y otro órgano que revisando los actos del primero sirva para dirimir las controversias.
Luego con el tiempo la cosa no fue tan clara y ahora el INE no sólo organiza elecciones, sino también resuelve controversias bajo la revisión, en última instancia, del Tribunal Electoral, pero bueno, siempre habrá tiempo para discutir este modelo, no hoy, insisto, porque el proceso electoral ya comenzó, pero sí más, tal vez más adelante.
Indudablemente la creación de ese Tribunal fue una reforma innovadora y estableció, como decía, un precedente sumamente valioso para lo que en México hemos llamado la judicialización de la política, es decir, la resolución de las controversias políticas mediante instancias jurisdiccionales que tomaran distancia de los propios actores.
La reforma de 89-90 trajo consigo nuevas instituciones que a la postre constituyeron la cabal institucionalización de la vía jurisdiccional como la fórmula idónea para hacer frente a los litigios que se presentaban como producto de la contienda político-electoral.
Esa Reforma, por cierto, también creó al Instituto Federal Electoral, el antecesor inmediato del INE, como autoridad administrativa encargada de la realización de las elecciones y del entonces Tribunal Federal Electoral, como el Órgano Jurisdiccional encargado de revisar y de, a la postre, calificar la validez de las propias elecciones.
La reforma de 1996, culminó el proceso de construcción institucional del sistema de impartición de justicia electoral, al constituir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como máxima autoridad jurisdiccional del país en sustitución del anterior Tribunal Electoral Federal, el TRIFE.
En síntesis, la Reforma de 96, culminó un proceso de adecuación institucional de la impartición de justicia, que desde entonces permite a los partidos políticos y a los ciudadanos, encauzar sus reclamos político-electorales, gozando de plenas garantías jurisdiccionales. Con ello también se inyectó una alta dosis de confiabilidad, certeza y transparencia a los litigios electorales.
Creo que vale la pena señalar, más allá de los momentos complicados que muchas ocasiones ha traído como consecuencia el que en México hayan cobrado carta de naturalización fenómenos típicamente democráticos, como la alternancia, elecciones cerradas, existencia de gobiernos divididos, falta de mayorías preconstituidas en los órganos legislativos, creo que vale la pena subrayar, insisto, que a la par de las discusiones, en ocasiones, sumamente intensas, delicadas, me atrevo a decir desde el punto de vista político que han sucedido algunas elecciones, más allá de la intensa y creo que a la postre deberíamos pensar, sobre todo, no necesariamente venturosa, litigiosidad que caracteriza al sistema electoral mexicano, sí todas las sentencias y toda las calificaciones jurisdiccionales de las elecciones, han sido puntualmente respetadas.
Insisto, más allá de la estridencia del discurso público, más allá de la expresión pública de malestar con las resoluciones administrativas y jurisdiccionales, la vía institucional que en México hemos entablado, ha permitido exorcizar ya en las últimas tres décadas la conflictividad incontrolada o incontrolable, derivada de las elecciones.
Es evidente que ningún sistema electoral está a salvo de controversias, el problema, como decía, no es que existan posturas encontradas, sino que el orden institucional prevea los instrumentos capaces de resolver esos diferendos, pacífica y ordenadamente, sin sobresaltos y generando certeza.
La fuerza de un sistema electoral no radica en la ausencia de conflictos, controversias o incluso la presencia de eventuales irregularidades, sino que disponga de mecanismos para resolverlos, mecanismos conocidos, ciertos, pactados, reconocidos y establecidos en la Constitución y en las leyes, para que todos los conflictos electorales encuentren cauces de solución institucional y legal.
Es por ello que las autoridades electorales, para hacer correctamente su trabajo, no deben, no podemos ser permeables a los humores de la opinión pública, pero tampoco podemos orientar nuestras decisiones a partir de esta última.
No podemos actuar como magnavoces de especulaciones y menos olvidar la autonomía por presiones económicas o políticas de los poderes. Y miren que digo esto un día después de que el Instituto Nacional Electoral de cara a la organización y a la realización de la elección más grande de la historia del país ha recibido inexplicablemente el recorte presupuestal más grande de la historia a una autoridad electoral y, sin embargo, con ello el Instituto Nacional Electoral será el garante de que estas elecciones sean elecciones fundadas en los principios constitucionales y en donde la voluntad popular será respetada cabalmente.
Para concluir, permítanme reiterar que en el contexto en el que tendremos, como decía, que organizar los comicios más grandes y seguramente más competidos de la vida democrática de nuestro país, es importante resaltar algo que hemos venido enfatizando desde las dos trincheras: desde la trinchera administrativa y desde la trinchera jurisdiccional, la importancia del diálogo entre las autoridades electorales, entre el INE y el Tribunal Electoral.
Y me refiero a un diálogo constructivo que nos sirva de brújula para que en el INE entendamos, por un lado, la lógica, la tendencia, el conjunto de criterios que el Tribunal Electoral construye a través de sus sentencias y con el que se revisarán nuestras decisiones; pero por otro lado también como una oportunidad para que el Tribunal Electoral, un órgano jurisdiccional que tiene que centrar sus decisiones en lo que está en los expedientes pueda conocer el contexto en el que los casos y las decisiones que están sometidos a su consideración ocurrieron.
Creo que hay casos de éxito en esta historia y hay casos que también ejemplifican la necesidad de robustecer ese diálogo; hay casos en los que la mera lectura del expediente habría llevado a la instancia jurisdiccional a tomar decisiones que colocarían a la instancia administrativa en una imposibilidad de incumplimiento, o peor aún, en una situación problemática en su tarea de organización de elecciones.
Ha habido casos, por otra parte, en la que el Instituto Nacional Electoral no ha logrado poner sobre la mesa del Tribunal, con toda cabalidad, los elementos suficientes para que el Tribunal pueda ejercer su función jurisdiccional de manera cabal, de manera absoluta y totalmente informada.
Pero esos casos contrastan con los casos de éxito en donde el diálogo entre Cortes, en este caso una administrativa y una jurisdiccional se han demostrado la ruta que tenemos que seguir y tenemos que intensificar.
Para el Instituto Nacional Electoral que acatará siempre e invariablemente las decisiones del Tribunal Electoral resulta sumamente importante conocer la política judicial del Tribunal, saber cuál es la ruta y poder anticipar los criterios, en eso se resume el principio constitucional de certeza que permea a las elecciones; y para el Instituto Nacional Electoral poder poner sobre la mesa las problemáticas que en el ámbito de sus responsabilidades enfrenta, estamos ciertos, genera mayores insumos para que las sentencias del Tribunal Electoral siempre apegadas al principio de legalidad y constitucional sean también sentencias mucho más informadas.
Del diálogo entre Cortes, del diálogo entre autoridades no puede sino resultar un fortalecimiento al sistema electoral mexicano. Esto lo hemos dicho, lo hemos sostenido ambas instancias bajo una premisa, que es una premisa insoslayable; no hay modo de que en una elección de la complejidad como la que viene le vaya bien al Tribunal Electoral si le va mal al Instituto Nacional Electoral, y no hay modo de que la democracia gane y el Instituto Nacional Electoral le vaya bien si al Tribunal Electoral le va mal. Tenemos una responsabilidad en distintos ámbitos de competencia constitucional que estamos y vamos a cumplir a cabalidad.
En tal sentido y en este contexto, me parece que los mecanismos de cooperación horizontal multilateral, como este, pueden sernos de una enorme utilidad para conocer las alternativas que en otras naciones y continentes se han instrumentado para superar exitosamente los desafíos que hoy presentan las elecciones.
Estoy convencido que estos mecanismos y las conclusiones a las que hoy hemos llegado, a las que hoy se llegan, nos evidencian la necesidad, y hablo en una lógica de estricto aprendizaje institucional frente a lo que aquí, en estos días, se ha planteado, estamos ante la necesidad de hacer de estas elecciones las elecciones más explicadas de la historia.
Muchas veces damos por sentado que la sociedad conoce la lógica de funcionamiento de las autoridades electorales y, sobre todo, los criterios, los procedimientos y los límites que natural y constitucionalmente tenemos. Y creo que eso es un error en los tiempos en los que el descontento ciudadano se alimenta profusamente de noticias falsas, de especulaciones, de la estridencia del discurso político.
Creo que las autoridades electorales, con ese diálogo al que hacía referencia, como nunca, estamos obligadas a hacer pedagogía y tener una vocación explicativa. No podemos dar por sentado que la gente conozca, y hablo del caso mexicano, lo que a lo largo de casi tres décadas se ha venido construyendo como ese conjunto de procesos encadenados, eslabonados, que en México hemos denominado la cadena de confianza sobre la que las elecciones se construyen.
Y termino con un ejemplo autocrítico. Hace unas semanas aprobamos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral lo que es una rutina elección tras elección: el uso de la tinta indeleble como un mecanismo que nos permite en México impedir que el doble voto ocurra, es decir, que una persona vote indebidamente más de una ocasión.
En el Consejo General, cuando estuvimos a punto de aprobar esa decisión, y no me dejarán mentir las consejeras Favela y la Consejera Claudia Zavala, estábamos por dejar pasar el punto sin hacer un énfasis ni hacer ninguna referencia, estamos a punto de votarlo y en un cierto punto dije: “Oigan, es que tenemos que explicar y puntualizar la razón de ser de algo que puede parecer una nimiedad pero que es un eslabón fundamental de esa cadena de confianza”.
A eso me refiero justamente cuando las autoridades electorales no podemos partir de la premisa de que en los tiempos que corren, los ciudadanos conocen no solamente el alcance de nuestras actuaciones, no solamente la razón de ser de nuestras instituciones, sino también cómo las legislaciones, cómo nuestras decisiones se toman para blindar los procesos electorales frente a actos indebidos.
Y creo que esa vocación explicativa, esa vocación pedagógica, es y debe ser una actuación que asumamos precisamente en tiempos en los que la desconfianza se incrementa y en tiempos en los que las elecciones cada vez se vuelven mucho más complejas.
Agradezco de veras, de nueva cuenta, muchísimo la oportunidad de participar en esta sesión de clausura, en particular al Magistrado José Luis Vargas, amigo de largos tiempos en los que las lides electorales nos han juntado en distintas ocasiones y ahora, por iniciativa suya, una vez más en este espacio, en esta Red Mundial de Justicia Electoral, que nos ayudará a consolidar a las democracias de nuestros países, a reorientar los malos vientos que afectan la recreación democrática hacia un nuevo horizonte, espero, de mayor credibilidad en las instituciones electorales, y que favorezca el pleno ejercicio de los derechos políticos de las y los ciudadanos de nuestros países y con ello la recreación pacífica y el fortalecimiento de la democracia.
Muchísimas gracias.
Versión estenográfica de la participación del Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, durante la clausura de la primera Asamblea de la Red Mundial de Justicia Electoral, realizada en San Miguel de Allende, Guanajuato.
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