México y el mundo viven inmersos en la era de la adversidad y del riesgo local y global. La seguridad de los individuos y sus bienes, y con ello la posibilidad de ejercicio de los derechos humanos básicos se ven amenazados por los añejos problemas de la discriminación, la desigualdad, la pobreza y el abuso, así como por la reactivación de viejas intolerancias contra nacionalidades, credos y opciones de vida diversas.
En la adversidad, los Estados nacionales democráticos tienen la inescapable responsabilidad de procurar la paz, la no violencia y la vigencia de los derechos básicos. El derecho al voto, a tener representantes que lleven la voz de los distintos segmentos de la sociedad a los espacios políticos de toma de decisiones, el derecho a no vivir bajo el mando de gobernantes autoimpuestos o autoritarios, es un derecho del que no puede prescindirse en estos tiempos de adversidad para la sociedad mexicana.
Si algo ordena la vida pública y política de hoy es la certeza de que habrá elecciones el domingo 1 de julio de 2018. El descontento social, el desencanto con las instituciones, el reclamo al desempeño de gobiernos —reclamo plural a gobiernos emanados de distintas siglas y colores partidistas— tiene un cauce abierto, pacífico e institucional para expresarse: las elecciones.
En la adversidad hay, sin embargo, un enorme consenso nacional que es el mayor activo de la democracia mexicana: el consenso es que es por la vía electoral como se renovarán poderes, como se removerán gobernantes y como se construirán alternativas válidas y legítimas para un futuro más habitable.
No hay ninguna fuerza política, ninguna organización social, ninguna corriente de opinión, ningún movimiento social que cuestione la vía del sufragio para determinar quién gobierna y representa a una sociedad denodadamente plural.
Ese consenso por la paz, por la vía electoral, es un conjuro racional contra la violencia política, contra la arbitrariedad, la imposición y el abuso.
Autoridad electoral y partidos políticos estamos obligados a escuchar, a honrar y a nutrir el consenso democrático.
Por ello, en el proceso electoral que inicia este 8 de septiembre, debemos asegurar la plena vigencia de las leyes. El estado de derecho comienza por el sufragio efectivo; sin voto libre no hay legitimidad ni legalidad de los gobernantes ni de sus actos. Por ello, el respeto escrupuloso a las reglas electorales es condición indispensable para la reconstrucción de la legitimidad de las instituciones públicas en este país. O tenemos elecciones transparentes, legítimas, de juego limpio o el deterioro en la confianza hacia el Estado mexicano seguirá. Y no es ocioso recordar que el Estado constitucional es, ni más ni menos, el pacto social de la racionalidad a favor de los derechos y en contra de la ley de la selva, la salvaguarda colectiva contra el imperio del más fuerte.
Estamos en una encrucijada histórica: nunca el reclamo social había sido tan fuerte, nunca la indignación ciudadana, tan fundamentada y nunca la exigencia por un servicio público honrado tan contundente. Pero al mismo tiempo, nunca habíamos tenido en el horizonte una gran elección nacional concurrente con tantos cargos de representación y de gobierno abiertos al veredicto ciudadano. Nunca tantos habían estado en la posibilidad de elegir tanto.
A las insuficiencias de la democracia, a los lastres de la democracia se les puede enfrentar precisamente con el ejercicio informado del sufragio por una ciudadanía activa, nada condescendiente, y cada vez más exigente.
Las elecciones suponen el ejercicio de libertades. La libertad es el ecosistema donde se reproduce la democracia. Por ello, la misión del INE consiste en garantizar la libertad de la ciudadanía para decidir por quién votar y, por ende, esa misión también consiste en atajar cualquier intento por vulnerar la libertad de elección, ya sea interfiriendo con la secrecía del voto o pretendiendo, con el uso de recursos económicos ilegítimos, favorecer a algún partido o candidato. Opción política que vulnere las reglas, que atente contra la equidad electoral en las campañas, no merece llegar al gobierno o a cargos de representación. La probidad del gobernante pasa, de forma obligada, por la probidad del candidato y de su campaña.
En democracia, los fines no justifican los medios. Al contrario, los medios son tan importantes como los fines. No se puede pretender llegar al gobierno para, en teoría, hacer el bien, mientras en la práctica se hace el mal inyectando dinero opaco o coaccionando el voto.
El INE sabe el nivel de exigencia, legítima y sana que enfrenta: no partimos sobrados de confianza y por ello estamos aún más obligados a defender los principios constitucionales de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad, independencia y máxima publicidad.
La sociedad mexicana, rica en su diversidad y compleja en su composición no se refleja en un solo punto de vista, en una sola opción política ni en un solo modelo de vida o de conducción del país. La vasta pluralidad social hace que hoy tengamos un sistema plural de partidos y la emergencia de diversas candidaturas independientes. Ninguna fuerza o voz puede pretender representar a todos los mexicanos y, con seguridad, ninguna fuerza obtendrá todos los triunfos, ni se llevará todas las derrotas. La pluralidad política se va a expresar en estos meses y seguirá recreándose y fortaleciéndose después de la elección que hoy comienza.
La historia del país no se agotará en 2018. Porque el horizonte de vida de México pasa por 2018 pero lo trasciende, al INE no le importa quién gane o pierda el 1 de julio. Porque nos interesa el futuro social en paz y pluralidad, no nos es relevante quién llegue, de forma temporal, porque así debe ser en democracia, a un cargo de elección popular.
El INE está en condiciones de cumplir con su responsabilidad. Nos interesa el ejercicio del sufragio, no el sentido del voto. El INE está preparado para que de las urnas salga ganador cualquier candidato, el que la gente decida. Cualquier fuerza política puede hacerse de la victoria; y cualquiera puede fracasar en el intento. Eso no nos inquieta. Si hay alternancia, será porque el ciudadano, en la secreto de la mampara electoral, así lo decida. Si permanece algún partido al frente de uno de los gobiernos que se renovarán, se deberá también al voto libre.
El proceso electoral implica desplegar un conjunto de actividades definidas con precisión en las leyes, para así dar certeza a contendientes y ciudadanos. En el proceso electoral el INE no va a improvisar: va a desplegar con rigor y precisión sus atribuciones, eslabón por eslabón para llegar a la jornada electoral, a los cómputos formales y a los dictámenes de la fiscalización de todas y cada una de las campañas.
En ese camino de certeza, queda una enorme incertidumbre. Pero es una buena incertidumbre, la única incertidumbre legítima en democracia: el resultado electoral. Y ese solo depende de los millones de ciudadanos que acudirán en libertad y en paz a sufragar el 1 de julio.
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