A través de la reforma político-electoral 2014, el INE nació para dotar de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad a los procesos electorales federales y locales que se desarrollarían desde entonces en cada una de las entidades federativas del país. Con la implementación de este sistema político-electoral nacional, la sociedad ha exigido a la autoridad que actúe de manera eficaz y, a ello tendríamos que precisar, de conformidad a lo establecido en la Constitución y en las leyes que nos rigen.
Por ello, el INE se ha dirigido siempre con profesionalismo y solidez, para que los procesos electorales en el país se organicen de forma adecuada; para que los actores políticos compitan desde un piso parejo que no permita factores que violenten la equidad en las contiendas, y para que la ciudadanía pueda tener la certeza de que sus opiniones vertidas en las urnas serán respetadas.
Esta tarea no es sencilla, derivado del despliegue vastísimo de acciones y previsiones que deben ejecutarse con responsabilidad y total transparencia, de tal suerte que la sociedad en su conjunto pueda tener conocimiento de ello y realizar esfuerzos de reflexión respecto de la actuación de la autoridad.
Por su parte, la experiencia que arroja cada uno de los procesos electorales en el país, constituye un cúmulo de información valiosa que fortalece a la Institución y mejora los preparativos en el desarrollo de los procesos democráticos futuros. En otras palabras, la democracia se nos presenta, no como un proceso acabado, sino perfectible, y en cada escenario que la democracia protagoniza, es posible observar la firmeza de sus intervenciones y las áreas de oportunidad que posteriormente podrían detonar y aprovecharse.
Siendo así, el andamiaje electoral que en el país se ha construido en casi 30 años, debería dejarnos claro que el INE es un árbitro fuerte y capaz de realizar elecciones federales y acompañar las locales, y que ante el malestar social, es cuando más cercana se asume para con la ciudadanía, a fin de consolidar una cultura de fomento a la participación ciudadana.
Se sabe que el proceso electoral 2017-2018 representará uno de los retos más complejos en la trayectoria democrática del país, pues 30 estados celebrarán elecciones locales concurrentes con la federal. En este orden de ideas, un aspecto fundamental dentro de los compromisos que tendrá el INE será consolidar una relación de cercanía y acompañamiento de las actividades institucionales con aliados imprescindibles: las y los ciudadanos. Y es que se vuelve necesario implementar una estrategia de capacitación electoral de excelencia, que convenza a la ciudadanía insaculada a participar en estos comicios, y una vez que sean nombrados funcionarias y funcionarios de casilla, que tengan la convicción de asistir el día de la jornada para desarrollar correctamente sus facultades al recibir la votación, realizar el escrutinio así como el cómputo de ambas elecciones.
Sin duda, la participación de la ciudadanía será un factor clave que repercuta en el proceso electoral más grande en nuestra historia, sobre todo porque el modelo de Mesa Directiva de Casilla Única exige la capacitación de 9 ciudadanas y ciudadanos (2 más que en las elecciones no concurrentes). Y si en los comicios del pasado 4 de junio se capacitó a 238 mil personas ciudadanas, una estimación temprana apunta que para el 2018 se tendría que capacitar a 1 millón 400 mil ciudadanas y ciudadanos.
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RESUMEN
